Canarias.– El presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Pablo Hernández, y la vicepresidenta de la entidad, María José Miranda, tomaron hoy posesión de sus cargos en la Delegación del Gobierno en Canarias ante distintas autoridades. Bajo las medidas sanitarias establecidas por la Covid 19, el acto contó además con las intervenciones de la ministra de Hacienda y portavoz del Estado, María Jesús Montero, y del presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres. En este marco, se destacó el compromiso de España con Canarias en la reactivación económica de las Islas.
Durante su intervención, el presidente de la ZEC destacó que el trabajo del instrumento en conjunción con el resto de incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias debe enmarcarse en tres líneas: la adaptación de la normativa el instrumento y de otros incentivos conexos del REF a la realidad y contexto actual basado en una economía globalizada, intangible y cambiante; la actualización de la organización del Consorcio; y la adopción de cambios normativos y de políticas públicas para propiciar un entorno favorable para la atracción de empresas, la generación de empleo y el crecimiento económico sostenible.
Además, puntualizó que en lo que se refiere a la actualización de la ZEC y otros incentivos, la mutua influencia entre el modelo político-constitucional y la fiscalidad del REF de Canarias empieza a mostrar signos de tensión con la realidad social y económica actual. “Las normas fiscales españolas y de los países de nuestro entorno se han venido adaptando a los nuevos retos sociales y económicos de esa economía globalizada, intangible y cambiante. El REF reclama con urgencia una adaptación para que refleje esa realidad y siga sirviendo a su fin de garantizar la cohesión social, la igualdad y el desarrollo socioeconómico”, defendió.
El nuevo titular del Consorcio matizó que la ZEC y el resto de incentivos del REF deben aprovechar el impulso de la reactivación, y al mismo tiempo ser pilotos de la misma junto con el resto de las medidas económicas. “Debemos buscar una economía competitiva, basada en el desarrollo tecnológico y la investigación, desarrollo e innovación en sectores vanguardistas y complejos, que generen empleo sólido y acíclico, y que promueva una reactivación sostenible en las Islas”, concretó.
En su discurso, Hernández hizo referencia a otro gran reto que, explicó, condiciona la actividad en Canarias: la doble aduana. “La existencia de la doble aduana autonómica y estatal es una garantía del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, pero también condiciona la implantación de empresas en la ZEC cuando deben importar equipos y maquinaria o realizar actividades de importación o exportación con el resto de la UE. Debemos ser valientes para, junto con el Gobierno de Canarias y la Agencia Tributaria, analizar y aplicar alternativas de simplificación administrativa que permitan mantener las singularidades del sistema de impuestos indirectos del REF con una menor carga administrativa».
Asimismo, añadió que se deben impulsar reformas normativas y políticas públicas para generar un ecosistema atractivo para el desarrollo económico. En esta línea concretó que “no puede plantearse un ecosistema de empresas sostenible, de sectores de alto valor añadido, con alta presencia del sector tecnológico e investigación y desarrollo, sin la connivencia de los principales actores del conocimiento en Canarias». Para ello, precisó, se requiere de una continua implicación del Gobierno de Canarias, las universidades, el sector investigador y el sector educativo para acompañar los proyectos de desarrollo tecnológico y de investigación que se implanten en el archipiélago. «En tanto la promoción de una economía de alto valor añadido requiere de perfiles de trabajadores y trabajadoras cualificados, se necesita la generación de un círculo virtuoso en el que las universidades y centros de investigación públicos y privados contribuyan a la formación y transferencia permanente con empresas y el sector privado”, apuntó.
Por último, recalcó que “hay que ir de la mano de las organizaciones empresariales y agentes sociales, quienes conocedores de las dificultades del emprendimiento y de las ventajas de las Islas en algunos sectores, pueden aportar su conocimiento, tejido y estructura a la mejora del régimen económico y fiscal, y a la contribución a ese círculo virtuoso”.